En tal sentido, en las universidades se permite la discusión de temas –ideológicos o no ideológicos— altamente controversiales que, en algunos casos, son sancionados por el mismo ordenamiento jurídico estatal y/o federal.
Seguramente muchos se acuerdan de Andrew Martínez (Q.E.P.D.), el “naked guy”, estudiante de la Universidad de California Berkeley a principios de los 1990s, quién decidió atender a sus clases en ropa de Adán porque sintió el deber de protestar contra la “represión social”.
Por otra parte, recientemente el organismo legislativo de los estudiantes de la Universidad de California Irvine, donde tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura y también impartir clases en la Facultad de Ciencias Políticas, aprobó una resolución en contra del supuesto simbolismo represivo que representa la bandera nacional de Estados Unidos.
Con un voto de 6 a 4, los legisladores estudiantiles manifestaron que “la bandera norteamericana ha estado flameando en instancias del colonialismo e imperialismo”. También dijeron que cualquier tipo de bandera “construye un paradigma de conformidad y homogeniza estándares”.
Por lo tanto, la bandera de Estados Unidos y de cualquier país fue prohibida dentro de su centro de estudiantes, un recinto pequeño ubicado al frente del edificio de Administración.
La Universidad de California Irvine es conocida principalmente por sus programas académicos de investigación científica, por su calidad de docentes y por el conservadurismo que aflora en la ciudad de Irvine. Las controversias políticas normalmente son raras; apenas se escuchan a nivel local.
Sin embargo, la legislación estudiantil contra la bandera norteamericana se convirtió en una noticia nacional, incluso llegó repercutir en el ámbito internacional. La gente en el extranjero seguramente se preguntaba: ¿Cómo es posible que los mismos norteamericanos prohíban su bandera en su propia patria?
Desde mi punto de vista, la resolución del cuerpo legislativo de los estudiantes de UC Irvine fue una decisión errada, aunque el concepto mismo de prohibirla puede ser debatido, racionalizado e incluso justificado.
Los legisladores estudiantiles erraron porque nunca consultaron con la población que los eligió, alrededor de 30.000 estudiantes. Inicialmente deberían haber creado centros de discusión sobre el tema y luego proceder de acuerdo a las convicciones de la gente y no según sus intereses ideológicos.
El cuerpo de legisladores de UC Irvine se olvidó una de las enseñanzas fundamentales de los sistemas democráticos. El poder político real no se encuentra dentro sus instituciones de gobierno, sino reside en la gente (en los 30,000 estudiantes).
Hoy, estos legisladores estudiantiles están pagando su inocencia y su falta de tino político. Obtuvieron una “A” en activismo político, pero se aplazaron con una “F” en democracia y administración pública.
Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com
