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Por la Espiral - May 30, 2014

Arango promotor de la RSE o RSC

Empero, a la fecha, hay más de 900 empresas con el sello ESR tras  cumplir con una serie de parámetros sociales, humanos y ecológicos que avalan a una empresa concientizada de su rol en el entorno.
De acuerdo a lo comentado por Arango: “Antes las empresas eran responsables cumpliendo con las obligaciones fiscales, laborales, legales. Todo eso ha ido cambiando”.
Honestamente yo espero que  este modelo llámese de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) termine extendiéndose a todas las empresas, sin importar actividad económica o tamaño.
Lo loable es que queremos tanto empresarios como trabajadores involucrados con su papel no únicamente como una entidad productiva sino también como coparticipes de una sociedad que requiere de un mayor compromiso social y de un medio ambiente ávido de reducir la huella ecológica.

Recordemos que ser una empresa socialmente responsable representa para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la posibilidad de que los consejos de administración  apliquen y respeten en doble vía, los derechos humanos: primero los laborales para sus empleados y en su cara externa los derechos fundamentales refrendados por la ONU,  a fin de lograrse una congruencia con la no contratación de niños; menores de edad; evitar toda práctica de esclavitud; explotación laboral y marginal.
A COLACIÓN
Eduardo Fuentes Ganzo  explica en “La responsabilidad social corporativa. Su dimensión normativa: implicaciones para las empresas españolas”, que hay que situar al Libro Verde como un instrumento jurídico aplicativo, algo más que una mera declaración de intenciones y algo menos que una norma jurídica de carácter positivo.
Ante los desafíos globales por el cambio climático, la mayor inclinación del Libro Verde es por los procesos de producción con respeto al medio ambiente mediante criterios  sustentables.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere  la necesidad de que las empresas, haciendo énfasis, en las grandes multinacionales y transnacionales,  adopten criterios de contribución social sobre todo con el llamado tercer mundo; lleven a cabo la gestión de la responsabilidad por medio de democratizar sus consejos de administración, eliminando las prácticas discriminatorias entre los empleados, elevando tabuladores salariales y aplicando la equidad de género.
En los criterios ambientales y de sostenibilidad, el llamado de la OIT es hacia refrendar el Pacto Mundial o Pacto de las Naciones Unidas.
Además de ello a la OIT le preocupa el énfasis en que las empresas adopten criterios de derechos humanos, sean respetados  en doble vía: hacia afuera de las comunidades en las que inciden y hacia adentro con sus trabajadores, evitando la violación de los contratos laborales; reconociendo los pronunciamientos de la OIT en contra de la explotación de los menores de edad; de la ONU y la OIT contra la esclavitud en la producción.
En tanto, la ONU, con el Pacto de las Naciones Unidas, pide a las grandes empresas una corresponsabilidad social pero carece de toda normativa.
Al respecto Fuentes Ganzo indica que: “no se trata de un instrumento regulador. El Pacto Mundial formula 10 principios que se nutren de tres vías normativas fundamentales que a su vez son tres declaraciones de derechos, los humanos, laborales y ambientales”.
Así es que la ONU lo único que hace es recordar que existe en el ámbito mundial un Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración sobre principios de orden laboral de la OIT; y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y desarrollo Sostenible.
Mientras la OCDE, para delinear a la Responsabilidad Social Corporativa, usa el enfoque más de la  parte económica que de otra índole.  Destacando que la RSC de una empresa puede llevarse a cabo mediante la gestión de la responsabilidad involucrando a los empleados en el dinamismo de programas sociales, su implementación y medición; manifestando el respeto al medio ambiente, pero evita entrar en controversias con el Protocolo de Kyoto. El enfoque de derechos económicos refrenda los criterios del Milenio donde la reducción de la brecha de la pobreza tiene la fecha  de pacto del 2015.

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