Recientemente el INEGI difundió que estimaba en el país al menos “105 mil secuestros en 2012”, es decir, nada a ciencia cierta, lo que implica que muchos analistas nos quedemos cortos en opinar al respecto del fenómeno porque intuimos éste esconde un drama mucho mayor que el estimado por las propias autoridades oficiales.
Algunos activistas como Isabel Miranda de Wallace, a quien tengo el gusto de conocer y de hecho admiro, ella ha señalado unos 10 mil secuestros anuales, una cifra 900% por debajo de lo que el INEGI advierte aconteció de manera funesta el año pasado.
Aún así, lo más preocupante es la observación del INEGI, el del mero cálculo, lo que no sabemos es qué tanto por encima está del promedio o por debajo de él.
De ser verdad, la estadística, tendríamos un fenómeno delincuencial en expansión y por demás preocupante que inclusive triplicaría al número de secuestros acontecidos en Colombia de 1970 a 2010.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica “en treinta años en Colombia fueron secuestrados 39 mil 058 víctimas de secuestro”.
Para los colombianos, este banco de datos que poco a poco se ha ido recopilando por caso, se convierte de manera fehaciente en una acumulación de la historia más negra de Colombia en cuanto a la inseguridad en contra de su población.
De esta forma, el secuestro en Colombia ha afectado de la siguiente manera: de los 1 mil 106 municipios, en 1 mil 102 se ha cometido, al menos, un secuestro; de éstos, el 40% se ha concentrado en 4 departamentos, 38 municipios y 12 microregiones.
Las FARC figura como presunto autor en el 33% de los casos y como confirmado en el 37%; las redes criminales obtienen un porcentaje de 27% y 20% respectivamente; por su parte, el ELN puntúa un 25% como presunto autor y 30% como confirmado.
“La mayoría de los secuestrados son hombres colombianos entre los 18 y 65 años. Sin embargo, las redes criminales tienen una forma diferente de operar, lo cual se evidencia en los secuestros frecuentes a mujeres y menores de edad.”
También se sabe que los sectores económicos más afectados en Colombia por este delito son: administración pública y defensa (19.30%), agropecuario (19.14%) y comercio (18.92%). De los primeros, el 49% son miembros de la fuerza pública.
“Unos 389 concejales, 358 alcaldes, 75 congresistas, 66 diputados y 50 personeros fueron víctimas de secuestro en Colombia”.
Hasta Ingrid Betancourt, candidata a la Presidencia de Colombia, fue secuestrada el 23 de febrero de 2002 y liberada seis años después en una operación de rescate de varias víctimas.
A COLACIÓN
Hay quienes intentan ver el espejo de México en el crisol de la espiral del secuestro en Colombia con matices diferentes entre uno y otro país por la presencia de las guerrillas en Colombia y la actuación del narco secuestro en México.
Algunos señalan que la curva ascendente del delito en México es similar a la de Colombia de finales de los ochenta y principios de los noventa. Lo cierto es que México carece de un Plan Colombia, y geográfica y demográficamente mantiene características distintas a las de la economía sudamericana.
El impacto del secuestro en la sociedad mexicana no tiene la connotación marcadamente política y estratégica de Colombia, hablamos de un delito más masificado en México, sin reconocimiento de estratos, lo mismo secuestran al hijo del dueño de una bodega de La Merced, que a un comerciante exportador de Sonora o un ex candidato presidencial.
Recientemente encontramos contados casos de golpes millonarios en materia de secuestro como el caso del empresario Eduardo García Valseca a quien le pidieron 8 millones de dólares; o de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la Presidencia, quien omitió señalar cuánto pagó por su liberación.
No obstante, existe una peligrosa pulverización de la actividad del secuestro en el país, más como móvil económico que como golpe de estrategia política o de desestabilización o desafío al poder.
Quizá por ello es que luchar contra su expansión está resultando mucho más difícil en el México profundo de enormes distancias socioeconómicas, grandes carencias y el lastre de la corrupción.
¿Qué harían los secuestradores si no contaran con la complicidad de varios miembros de las instituciones del Estado? ¿Y sin tener también acceso al sistema financiero mexicano?
¿O es que acaso los miles o millones de pesos que se pagan por un rescate no pasan por un canal financiero? ¿Y cómo es que las autoridades no pueden detectarlo?
PD. *Economista y presidente de Consultores en Economía y Educación Financiera. Contactos en claudiapalencia13@yahoo.es
El paraiso existe, se llama México…