Luego de varios años de trabajo colaborativo entre agencias gubernamentales mexicanas, la industria automotriz y los grupos ambientales interesados, México propuso un programa regulatorio (denominado “NOM-163”) en julio 2012 para armonizar las normas de rendimiento de gasolina y de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles, camionetas y SUV con las normas que aplican entre 2012-2016 en Estados Unidos.
El nuevo proyecto de regulación, NOM-163, se diseñó con el propósito de aumentar rápidamente el rendimiento de combustible a 14.9 km/L para el año 2016 y así México puede armonizar con las normas en Norteamérica, como ya sucede entre EE. UU. y Canadá.
La adopción de NOM-163 beneficiaría a los fabricantes de automóviles que deseen tener consistentes líneas de producción en la región; les ahorraría dinero a los consumidores en costos de combustible donde sea que vivan; y protegería al medioambiente al reducir las emisiones de contaminantes producidas por autos nuevos vendidos en Norteamérica.
La regla les ahorraría alrededor de 513 mil millones de pesos a los conductores mexicanos, reduciría los gases de efecto invernadero por 170 millones de toneladas y significaría un ahorro de 70 mil millones de litros de combustible.
Durante el proceso, ni NRDC o sus aliados en México, escucharon alguna objeción técnica a la propuesta durante el periodo de comentarios públicos 60 días antes de que entrara en vigor. Cosa que no sorprendió a nadie porque la propuesta se basa en el exitoso programa vigente en Estados Unidos.
Sin embargo, la comunidad de ambientalistas en ambos lados de la frontera han quedado atónitos al descubrir que Toyota discretamente presentó una demanda legal para impedir que la propuesta fuese considerada. Toyota presentó su demanda en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a principios de septiembre. El 20 de septiembre, el gobierno federal fue notificado de que la corte dictó medidas cautelares contra proceder a finalizar la propuesta.
Estas acciones de parte de Toyota son increíbles.
La empresa no utilizó el período de comentario público de 60 días para trabajar con el gobierno y tratar de abordar sus preocupaciones en el contexto del proceso regulativo. De hecho, Toyota entabló su pleito legal antes del fin del período de comentario público. La empresa sí presentó comentarios sobre la propuesta gubernamental, pero comentarios breves, y los presentaron a final del período. No emitió ningún tipo de declaración pública que explique sus acciones. Es más, la compañía no menciona nada públicamente sobre la propuesta de rendimiento de combustible de México.
En vez de trabajar dentro del proceso regulatorio, Toyota entabló una demanda jurídica contra una simple propuesta regulatoria con ninguna otra oposición. Para rematar, Toyota logró que el tribunal acordara detener la propuesta antes de que se concluyera el proceso de finalizarla y antes de que el público se diera cuenta de lo que trataba de hacer.
Toyota ha establecido su reputación en EE. UU., como un líder en la venta de coches de bajo consumo de combustible, mientras secretamente interpone una demanda para detener el progreso del rendimiento eficiente de combustible al sur de la frontera. Desafortunadamente, su duplicidad transnacional es señal que su misión como a automotriz con más conciencia ambiental es solo un disfraz.
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