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Columnista Invitado - March 21, 2011

Sobre “Presunto Culpable”

secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Layda, junto con Ana Laura  Magaloni, nos convencieron de abrir la licenciatura en Derecho. La verdad es que, como autoridades del CIDE, estábamos muy escépticos con la idea  de abrir una carrera más de derecho. En México hay cientos de opciones para estudiar esta licenciatura en universidades públicas y privadas. Sin  embargo, Layda y Ana Laura argumentaron que la enseñanza del derecho necesitaba un nuevo método en nuestro país. En lugar de que los alumnos se  aprendieran de memoria las leyes, tenían que resolver casos jurídicos reales. El problema es que nadie había escrito en México libros de texto con  estos casos. Condicionamos, entonces, la apertura de la licenciatura a que se estableciera un programa de recolección, escritura y publicación de  casos para los estudiantes.

Por aquel entonces Roberto se unió a la recién creada División de Estudios Jurídicos (DEJ) del CIDE (posteriormente se casaría con Layda). Este  joven grupo de académicos, muy comprometidos con mejorar el Estado de derecho, inauguraron la licenciatura con el nuevo sistema de aprendizaje a  partir de la resolución de casos. Se convirtió en un éxito inmediato. También fundaron una Clínica de Derecho donde alumnos y profesores retomaron  casos injustamente juzgados, como el de Acteal, que terminó corrigiendo la Suprema Corte de Justicia.

La DEJ comenzó a producir una serie de documentos que indicaban, con sólida evidencia empírica, el desastre del sistema penal mexicano. Se levantó,  por ejemplo, una encuesta para saber quién estaba en las cárceles del Distrito Federal y en las del Edomex. Resultó ser la gente pobre, incapaz de  sobornar a alguna de las autoridades judiciales durante el proceso. Las estadísticas eran aterradoras. Más de 90 por ciento de los inculpados, por  ejemplo, nunca había visto al juez que los había juzgado.

Pero se trataba de estadísticas frías. Layda y Roberto decidieron, entonces, realizar un documental corto titulado El Túnel, en referencia al largo  pasillo que separa las cárceles de la Ciudad de México con los juzgados. Fue un exitazo. Por primera vez plasmaron el drama de las terribles  estadísticas en historias reales.

Gracias a El Túnel, Layda y Roberto conocieron a un preso del Reclusorio Oriente de nombre José Antonio Zúñiga, mejor conocido como Toño.

Los  académicos del CIDE estaban a punto de irse a estudiar su doctorado a la prestigiosa Universidad de Berkeley. No obstante, estudiaron el caso de  Toño, acusado de homicidio y sentenciado a 20 años de prisión. Se dieron cuenta de que el juicio había sido una farsa, como muchos en México.

Simple y sencillamente, la policía, el Ministerio Público y el juez le habían cargado un muertito a Toño sin más pruebas que la de un testigo: un  menor de edad que había sido encarcelado toda una noche y, que después de esta experiencia, “se acordó” que Toño había sido el homicida.

No voy a contar la historia de Presunto culpable. Espero que usted la vea. Sin embargo, quiero reconocer que Layda y Roberto tuvieron los arrestos  de llevar este caso al cine. No sé cómo le hicieron para meter las cámaras a la cárcel y los juzgados, pero lo consiguieron. Eso, en sí mismo, habla de su gran capacidad persuasiva. Y luego reclutaron a varias personas que los ayudaran en la realización del documental. Todos ellos lo  hicieron más por convicción que por fama o dinero. Ciudadanos comprometidos como Layda y Roberto. Destaca en la película la participación de Rafael  Heredia, uno de los mejores abogados penalistas de México, quien resulta un personaje genial en la defensa de Toño.

Si Presunto culpable hubiera sido una película de ficción, el director no hubiera logrado un mejor casting para el documental. Los personajes son  inigualables. La arrogancia de los policías judiciales, la incompetencia de la agente del Ministerio Público, el miedo del principal testigo y la  indolencia del juez. Destaca éste último. Que los policías judiciales sean unos cabrones con pintas, creo que por desgracia no nos sorprende. Que  la ministerio público sea una burócrata a quien sólo le interesa “hacer su chamba” (conseguir convicciones a pesar de que sean injustas), pues  tampoco. Que el primer abogado defensor de Toño haya sido un rufián que había falsificado su cédula profesional para sacarle dinero a la familia, ya comienza a enojarnos. Pero que el juez sea un cretino al que le vale absolutamente un pepino hacer justicia —que acepta las mentiras y la  actuación de todos los patéticos personajes arriba mencionados–, eso sí ya es intolerable.   

No puede ser que un burro cargado de letras sea el representante de la sociedad para juzgar si un individuo es culpable o inocente. Pensar que la  justicia en México está en manos de estos seudojueces debe preocuparnos, y mucho. Después de ver Presunto culpable entendí por qué muchos miembros del Poder Judicial rechazan los juicios orales abiertos a la sociedad. Ahí se vería lo limitados que son. Como el que juzgó a Toño a pesar de no  tener ni una sola prueba más que el testimonio de un niño coaccionado por la policía.

A Layda y a Roberto hay que agradecerles que retrataron la realidad de, en manos de quién está la justicia penal en México…

No tengo duda de que  volvieron a anotarse otro golazo. No es el primero y espero que no sea el último.

Son un ejemplo de lo debe ser un ciudadano comprometido con  mejorar las instituciones de nuestra democracia.

Lo reitero: mientras haya mexicanos como ellos, México sí tiene un gran futuro.

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