Registro Público, homologar

POR LA ESPIRAL
Claudia Luna Palencia

-Registro Público, homologar
-AMFE  por la modernización
-Bolsa hipotecaria: seguridad

    El Registro Público de la Propiedad es “la institución que tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la ley, deben surtir efectos contra terceros”. En la actualidad  se reclama su modernización y homologación.
    La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) se manifiesta en pro de la renovación de los RPP como característica indispensable para que la bursatilización de hipotecas madure.
    Una vez que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) deje de fondear al mercado, será la  bursatilización hipotecaria la fuente principal de recursos para que las sofoles y sofomes lleven a cabo la consecución de los objetivos marcados en su propia naturaleza.
    De allí el interés fundamental de dar certeza a los actos mercantiles, actualizar el proceso, facilitarlo en la medida de lo posible (quitando el papeleo burocrático) en un país donde el registro de la propiedad y la titulación patrimonial son escasas.
    En buena medida la AMFE, en voz de su presidente Mario Sandoval, viene trabajando para impulsar dicha modernización, una tarea nada sencilla máxime cuando las entidades tienen sus propias potestades de acuerdo con su Código Civil.
    Fundamentalmente un mejor Registro Público de la Propiedad permitirá en otras cosas, hacer más eficiente la adquisición e inscripción de títulos de propiedad, logrando ahorros en tiempo y costos para el público y que las personas de menores ingresos puedan adquirir una vivienda; dotar de mayor seguridad jurídica a las operaciones hipotecarias lo que incidirá en una reducción tanto en el costo del seguro  de no pago, como el de riesgo del crédito.
    Además podrán reforzarse los mercados primario y secundario de hipotecas, dinamizar y agilizar la participación de  los intermediarios financieros  en el acceso a nuevas líneas de financiamiento vía la bursatilización de carteras hipotecarias.
    De este proceso, Miguel Alessio,  subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destaca que  la presente administración presupuestó para este año más de 416 millones 700 mil pesos destinados a los gobiernos estatales para ser invertidos en la dotación de una nueva plataforma jurídica operativa, tecnológica, estandarizada y homologada.
    La Secretaría de Gobernación impulsa la creación de  organismos eficientes y eficaces que garanticen plenamente a sus usuarios, la certeza jurídica de los derechos sobre inmuebles y los relacionados con personas morales civiles, alineados al Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad aprobado en 2005.
    De la partida presupuestal mencionada han sido asignados más de 386 millones 287 mil pesos a 15 entidades, resaltando como factor fundamental para la autorización de los  apoyos federales, la voluntad y compromiso manifestado por sus gobiernos y la evaluación de los proyectos de modernización presentados, a través del Comité de Evaluación integrado para estos efectos por la propia Conavi, SHF y la Secretaría de Gobernación.
    Al respecto de los avances, en los que se trabaja junto con la coordinación de la  Comisión Nacional de la Vivienda,  hasta ahora las 32 entidades federativas del país han manifestado oficialmente su adhesión al programa.
Para 29 entidades han sido desarrollados los estudios de Línea de Base, con  16 mediciones periódicas que han establecido el grado de modernización de las oficinas registrales respecto al mencionado Modelo Integral.
GALIMATÍAS
     Algunas reformas ya son evidentes en distintas entidades, por ejemplo, en Coahuila    el Registro Público del Estado de Coahuila “es una institución jurídica unitaria, dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto regular la inscripción de los actos relativos a la constitución, transmisión, modificación, gravamen y extinción del derecho de propiedad y de los demás derechos reales sobre los bienes, de los actos relativos a la constitución, modificación y extinción de las personas morales; así como de los otros actos, documentos, contratos, resoluciones y diligencias judiciales a que el Código Civil y la Ley Reglamentaria del Registro Público del Estado se refieren y las consecuencias inherentes a dichas inscripciones. Los efectos del Registro son declarativos y no constitutivos”.
    En su visión destacan “queremos ser una Institución Pública líder a nivel nacional en la prestación de servicios a la ciudadanía mediante el fomento de una cultura de calidad total”.
    Los valores a los que hace alusión son: Espíritu de servicio; honradez; responsabilidad; trabajo en equipo, satisfacción del usuario; y profesionalismo.
    En sus atribuciones se encuentra el derecho de propiedad y otros derechos reales en hipotecas, sociedades, resoluciones, compra de muebles, arrendamientos, testamentos, autorización de fraccionamientos, decretos y declaratorias de reserva.
     Otra entidad, Morelos se suma también al plan nacional de homologación y modernización de los sistemas de registro de propiedades del país.
    En dicha entidad, en el mes de septiembre,  en la Cámara de Diputados fue presentado el proyecto para la  Ley del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, la cual no existe en la entidad, pues todo lo relacionado por este ramo está regido por el Código Civil.
    La propuesta de la iniciativa es la de adquirir nuevas modalidades “primero para transformarlo como un órgano público descentralizado, segundo para cambiar el sistema de libros o partidas a sistema de folio real electrónico, que permitirá una consulta de todo el historial de los registros de una manera más moderna”.
    En la misma línea, en octubre pasado, en Sinaloa fueron turnadas senadas reformas al Código Civil para modernizar el Registro Público de Propiedad.
    También allí se propuso un sistema informático registral, incorporando el folio electrónico a una base de datos con la información del inmueble, otorgando validez jurídica a esta última, a través de disposiciones normativas actualizadas que beneficien a los usuarios de estos servicios.
La iniciativa establece que: “El Estado debe proveer lo necesario para dar satisfacción a las exigencias de la colectividad a la que sirve para mejorar su desarrollo, así, uno de los aspectos para lograr ese propósito es contar con una normatividad que le inspire confianza y le proporcione tranquilidad por su certeza, seguridad, protección jurídica y permita brindarle un servicio eficaz y eficiente en relación a los actos que realiza el Registro Público de la Propiedad”.