POR LA ESPIRAL
Claudia Luna Palencia
-Programas y presupuestos
-Fondo de contingencias
-Un sistema de seguros
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que el cambio climático será, cada vez más, un problema de desarrollo, por lo que insta a los gobiernos a implementar fórmulas de mitigación y adaptación.
Es la nueva realidad, hay que estar preparados. En México, los tres niveles de gobierno deben instrumentar nuevas políticas, programas y partidas presupuestarias dedicadas a la prevención, capacitación civil, mitigación, adaptación y reacción ante el cambio climático.
Las consecuencias evidentes en la población y en la infraestructura requieren tratamientos diferentes a los acostumbrados, el panorama exige que el cambio climático no sea considerado solamente una manifestación natural sino una transformación en el modo de vida del ser humano, por ende, en su forma de producir, relacionarse y movilizarse.
Simplemente en México, de 1996 a 2006, según datos de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno Federal gastó 59 mil millones de pesos para cubrir los daños provocados por desastres naturales.
Del tamaño de esas cifras son los retos que de forma particular el país tiene que enfrentar en la medida en que ubique su nueva situación de vulnerabilidad y decida precaver.
En materia de gobierno, ¿cuántas Secretarías de Estado tienen un área específica para el impacto del cambio climático? Fuera de la Sermanat no conozco ninguna otra, como si no se impactara a la vivienda, la economía, la agricultura y demás actividades primarias o el turismo.
Este déficit tiene que cubrirse. En campaña por la Presidencia, el entonces candidato Felipe Calderón, destacó una y otra vez su buena voluntad, por trabajar en acciones decididas en pro de una política sostenible. La tragedia de Tabasco puede significar un buen pretexto para comenzar.
Cuando los organismos internacionales, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la propia ONU con sus distintos apéndices manifiestan la necesidad de organización de los gobiernos y su capacidad de gestión ante los nuevos riesgos y desafíos globales, lo hacen conscientes de los desplazamientos humanos que provocan y provocarán los embates naturales, entre otros factores también de incidencia negativa. Ello lleva implícito presiones de otro tipo por lo que conviene, desde la esfera gubernamental, estar preparado.
A COLACÍÓN
El año pasado se presentó en México el informe “El cambio climático en América Latina y el Caribe 2006”. El documento, resultado de una iniciativa impulsada por el gobierno de México a través de la Semarnat en conjunción con el PNUMA, revela que el Huracán Mitch en 1998 dejó cerca de 1.2 millones de personas afectadas directamente, entre ellos muertos y desaparecidos, con pérdidas cercanas a los 8.5 mil millones de dólares que, por otro lado, es más alto que el producto bruto doméstico anual combinado de Honduras y de Nicaragua, los dos países más golpeados por el mencionado huracán.
Otros fenómenos devastadores, en 2004, Granada fue totalmente destruida por el Huracán Iván, uno de los más poderosos de los que se tiene registro.
En ese entonces la isla quedó con nueve de cada diez viviendas destruidas, así como colapsada la industria del turismo y derribados el 90% de los árboles de nuez moscada, el principal sostén de la economía. En conjunto, las pérdidas llegaron a más del 200% del producto nacional bruto de la isla.
Granada no fue la única víctima de Iván. El desastre también afectó a Jamaica, Islas Caimán y San Vicente y las Granadinas, con pérdidas que llegaron a más de 3 mil 400 millones de dólares.
Un año después, se presentaron Katrina y Stan. El Huracán Katrina azotó el sur y el centro de los Estados Unidos en agosto del 2005, produciendo grandes destrozos en Florida, Bahamas, Luisiana y Mississippi incluyendo cuantiosos daños materiales y graves inundaciones.
Por los daños producidos, se convirtió en uno de los huracanes más devastadores en Estados Unidos en la historia reciente, y quizás sea el mayor desastre natural en la historia de ese país.
El Huracán Stan azotó en octubre del mismo año a varios países centroamericanos -en particular a Guatemala y el Salvador. Este huracán causó al menos 1 mil 620 muertes, un número similar al del Huracán Katrina.
La magnitud del daño impulsó a los jefes de Estado de la Comunidad del Caribe a solicitar la ayuda del Banco Mundial para establecer un sistema de seguros contra catástrofes. Fue así como surgió un Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe para el Caribe (CCRIF) el primer servicio multinacional de seguros contra catástrofes.
GALIMATÍAS
En México se cuenta con el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) que tiene como objetivo “apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, que realicen preponderantemente actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras afectados por contingencias climatológicas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporarlos a la actividad productiva, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingreso; así como inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura del aseguramiento”.
Precisamente en agosto del año pasado, Alberto Cárdenas, entonces titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), explicó la cobertura del FAPRACC ante las contingencias provocadas por el Huracán Dean en el sureste del país más específicamente en Yucatán. Entonces el FAPRAC contaba con un presupuesto de 352 millones de pesos.
En la actualidad, hay que decirlo, el Gobierno Federal ha tenido la buena fortuna de contar de su lado con los petroprecios altos en el mercado internacional lo que ha permitido, como ha venido sucediendo desde el pasado sexenio, responder con recursos urgentes y partidas extraordinarias a las primeras necesidades de auxilio de la población afectada por la naturaleza.
Por ahora el petróleo nos está ayudando, el Gobierno Federal no debe porfiarse, es bueno dar pasos como la adhesión de México al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) a fin de darle seguridad y garantías a la IED, no por ello debe descuidarse que los mexicanos requerimos de un Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe, sería bueno hacerlo de la mano del BID o del Banco Mundial.