POR LA ESPIRAL
Claudia Luna Palencia
-El nuevo pacto Federal
-Revitalizar las finanzas
-Entidades más capacidad
Al parecer las dos reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en Tlaxcala, en Febrero, y en Puerto Vallarta, en mayo, logaron consensos fructíferos en materia de reimpulsar los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria de hace 3 años.
El planteamiento fue puesto sobre de la mesa en el mes de febrero contando con la presencia del presidente Felipe Calderón, siendo el primer encuentro del mandatario con los gobernadores de todas las afiliaciones políticas (también estuvieron los perredistas) y varios invitados especiales como la presencia de Agustín Carstens, secretario de Hacienda.
Para el nuevo encuentro, del mes de mayo, los gobernadores reunidos pudieron trabajar con el secretario Carstens en desmenuzar los principales puntos de preocupación financiera y fiscal, fue un previo para la presentación de la Iniciativa de Reforma Fiscal que mandó el Ejecutivo hace algunas semanas a la Cámara de Diputados y Senadores, actualmente en estudio.
Dentro del grueso de las propuestas sobresale el planteamiento de un nuevo pacto fiscal.
De acuerdo con el texto en manos de los legisladores, “la dinámica actual ha traído como consecuencia que los recursos administrados por las entidades federativas estén constituidos de manera importante de transferencias del Gobierno Federal”.
En efecto, del total de los ingresos de las entidades federativas: 1) Las participaciones federales representan alrededor del 41%. 2) Las aportaciones federales incluyendo los ramos de educación y salud representan aproximadamente el 41%. 3) Los convenios de descentralización entre la Federación y las entidades federativas, el reparto de ingresos excedentes y los programas de financiamiento con el Gobierno Federal representan alrededor del 3.5%, 3% y 1%, respectivamente. 4) Los ingresos propios representan el 10%. 5)
Aunado a lo anterior, una gran proporción del gasto federal ocurre en las entidades federativas principalmente en forma de inversión pública y programas federales sociales, sin que esos recursos se contabilicen como transferencias ya que son ejercidos y administrados por el Gobierno Federal. De esta manera, la realización de obra pública o gasto social federal en alguna entidad aumenta los recursos federales que recibe la entidad.
En cierta forma, podría esperarse que las entidades federativas tuvieran ingresos propios bajos ya que en 1980 el pacto fiscal transfirió al Gobierno Federal gran parte de las potestades tributarias de las entidades federativas.
Sin embargo, la iniciativa de reforma subraya que ha existido una creciente transferencia de recursos del Gobierno Federal a las entidades federativas.
A manera de ejemplo: en el año 2006 el Gobierno Federal transfirió a las entidades federativas recursos equivalentes al 8.3% del Producto Interno Bruto, sin pasar por alto que entre 1998 y 2006 dichas transferencias se incrementaron en 1.5% del Producto Interno Bruto.
Finalmente, al sumar todos los fondos que están referenciados a la recaudación federal participable tanto en el ramo de participaciones como en el de aportaciones se evidencia que el 30% de la recaudación federal participable está destinada a las entidades federativas y municipios.
GALIMATÍAS
¿Qué es lo que propone la iniciativa del Ejecutivo? Primeramente, la necesidad de avanzar a una nueva etapa de federalismo fiscal basada en una mayor corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno, “contar con una política fiscal moderna y responsable que además de preservar el equilibrio de las finanzas públicas federales, dote de nuevas potestades tributarias a los gobiernos locales a fin de tener instrumentos fiscales flexibles que les permitan incrementar sus ingresos propios y satisfacer sus necesidades de gasto”.
Para ello, el gobierno del presidente Calderón muestra una mayor inteligencia que su antecesor, en vez de confrontar, busca conciliar, y lo hace retomando los principales planteamientos de la Convención Nacional Hacendaria, celebrada en el año 2004, que en su momento ignoró el entonces presidente Vicente Fox.
En este sentido, las propuestas para fortalecer el federalismo fiscal tienen dos ejes torales: 1) Expandir las facultades tributarias de las entidades federativas y otorgar mayores incentivos para utilizarlas. Lo anterior sin mermar las finanzas públicas federales, al tiempo que se evite una proliferación de impuestos locales. 2) Simplificar y mejorar las fórmulas de las transferencias, tanto para las participaciones como para las aportaciones federales, incluso las correspondientes al sector educativo. Esto bajo la premisa de que no se disminuiría el valor nominal de las transferencias actuales para ninguna entidad.
La dependencia de las transferencias federales aunada a los pocos incentivos que éstas dan para que las entidades incrementen sus ingresos propios, han provocado que dichos ingresos se hayan mantenido constantes en cerca de 0.9% como proporción del Producto Interno Bruto a través del tiempo ya que actualmente representan poco menos del 10% de sus ingresos totales con excepción del Distrito Federal.
El texto de la iniciativa señala que pervive una gran heterogeneidad entre la importancia y peso de cada uno de los distintos tipos de ingresos locales (por ejemplo impuestos, aprovechamientos, derechos y contribuciones de mejoras) en cada entidad federativa, lo cual demuestra que no hay una historia de éxito común al respecto.
Por ello, la propuesta eje es la de ampliar las potestades tributarias de los congresos locales y los incentivos para utilizarlas bajo tres premisas fundamentales: 1) No mermar las finanzas públicas federales. 2) Aumentar los ingresos propios de las entidades federativas a efecto de disminuir su dependencia de las transferencias de recursos federales. 3) Evitar la proliferación de impuestos locales.
Además la iniciativa propone que las entidades puedan establecer un impuesto local a la venta final de todos aquellos bienes que en la actualidad o en el futuro sean objeto de gravamen conforme a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios expedida por el Congreso de la Unión, en cuyo caso estarán obligadas a transferir cuando menos el 20% de lo recaudado a los municipios.
Hasta el momento, los bienes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios son: gasolinas y diesel, bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.