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Por la Espiral - March 2, 2007

Entidades: reformas pendientes

POR LA ESPIRAL
Claudia Luna Palencia

-Entidades: reformas pendientes
-Revisar jubilaciones y pensiones
-Una crisis demasiado visible

 

En la esfera global, la crisis social del Estado es apremiante, pocos países se escapan de una bancarrota visible en los sistemas de jubilaciones y pensiones propias del sector público.
Los organismos internacionales urgen a los gobiernos de Europa, de Asia, África y América, a que implementen reformas de mayor profundidad en el terreno de la seguridad social. El mayor temor deriva del agotamiento de las finanzas públicas incapaces de solventar el pago de las pensiones presentes y de las futuras. El impacto tendría severas consecuencias.
¿La solución? Hasta el momento ninguna viable: en la Unión Europea por ejemplo llevan quince años debatiendo acerca del futuro de las jubilaciones; en América Latina la asesoría proporcionada al respecto por parte del Banco Mundial está enfocada a resolver cuestiones actuariales, dejando de lado el costo social.
La única coincidencia visible a nivel mundial es que el sector público debe aumentar la edad de jubilación de sus empleados por encima de los 60 años, tanto para hombres como para mujeres.
Para diversos analistas, alargar la vida laboral y aumentar la edad para la jubilación no es una respuesta objetiva para un problema de administración y de enfoque del papel del Estado.
 Si en el 2020, la longevidad sube a los cien años, ¿acaso nuestros hijos trabajarán hasta los 85 años de edad para poder pensionarse?.
El patrón de jubilaciones, el europeo, data de la Segunda Guerra Mundial y en América Latina es herencia del modelo de sustitución de importaciones y del Estado paternalista desde mediados de los cincuenta. Todos corresponden a un ámbito humano y laboral totalmente diferente al del escenario del siglo XXI.
A COLACIÓN
La explosión demográfica, el incremento en la salud y la longevidad del ser humano, el adelgazamiento del Estado y las distorsiones en el sector laboral hacen que sea prácticamente imposible sostener el modelo de pensiones y jubilaciones del sector público.
Hasta el momento poco se ha hecho ante la complejidad del asunto. Además nadie quiere absorber el costo político, ningún gobernante quiere resentir la presión de la gente en masa protestando por tener que trabajar más tiempo y por tener que aportar más para sus cuotas de pensión. Nadie quiere ser el impopular, pero el problema sigue allí heredado a nuevas administraciones y cada vez más difícil de atender de manera financiera y presupuestal.
En México estamos en la misma sintonía, la de instituciones del sector público que guardan una proporción dispar entre trabajadores en activo y pensionados. 
A partir de información de la Secretaría de Hacienda, de la estructura del padrón de empleados públicos, podemos conocer el total de plazas de la Administración Pública Federal, del personal federalizado y sector paraestatal: el 50.5% se concentra en el sector educativo; el 22.1% en el sector salud y seguridad social; y el 8.1% en el sector de las fuerzas armadas.
Por su parte, las restantes plazas se distribuyen en otras áreas de la administración pública federal como personal operativo y otras categorías (8.5%); mandos medios y superiores (1.3%); trabajadores del sector eléctrico (4.2%); PEMEX (4.2%); y otras empresas controladas (1.1%).
De acuerdo con una estimación actuarial de Hacienda realizada en 1997, las pensiones y jubilaciones, en 29 estados analizados, representaban el 17% en promedio de los recursos destinados al pago de nóminas. Sin embargo, las proyecciones indicaban que dicho porcentaje se incrementaría a 26% en el año 2010 y a 46% en el año 2025.
Según la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, aunque la mayoría de los estados ya enfrentan problemas de insolvencia de sus sistemas de pensiones, y algunos cuentan con reservas de corto plazo, se estima que a partir de 2006 podría suceder una insolvencia generalizada cuya detonante provendrá de las universidades públicas.
Se trata de un gran semáforo en rojo y Hacienda pierde el tiempo, en vez de convocar a representantes de las administraciones estatales y municipales, para realizar de primera mano una evaluación real de la situación de las universidades públicas y con ello implementar un programa de auxilio financiero, de oxígeno adicional, para que las universidades públicas no sólo reciban recursos necesarios y suficientes sino que, además, éstas adopten de forma estricta una reforma administrativa interna para limpiar de la nómina a los llamadores “aviadores”; reducir los gastos en aquellas áreas de fuga; y buscar en el mediano plazo un equilibrio en la pirámide de las pensiones públicas.
Por tanto, no es  únicamente la reforma al sistema de pensiones del sector salud, lo que debe preocupar al Gobierno Federal y a Agustín Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, debe atenderse cuanto antes la  problemática financiera de las universidades públicas, acotadas, restringidas y descapitalizadas para enfrentar las jubilaciones que se sumarán en la próxima década.
Sin el auxilio monetario de la Federación, por medio del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas, habría ya una suspensión en el pago de pensiones de miles de jubilados de las instituciones de educación superior.  ¿A qué dedican el tiempo señores rectores? La capacidad de liderazgo guarda una enorme relación con la vocación al cambio, la promoción de transformaciones de la incidencia negativa por una positiva.
Si los rectores de las universidades públicas no comienzan a impulsar  un movimiento conjunto para sentarse con Carstens a proponerle una reforma administrativa, a cambio de auxilio financiero, este año, podrían detonarse problemas muy graves de resolver en poco tiempo para el pago de la nómina de los trabajadores en activo y fundamentalmente de los pensionados.
GALIMATÍAS
 En más del tema de las pensiones, en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  estudia diversas propuestas y análisis a favor de que los sistemas de pensiones de la región incluyan de manera eficiente el  financiamiento solidario.
 El organismo acierta al afirmar que tras las  reformas se generó un pilar de capitalización individual en varios países, no obstante,  no logran registrarse aumentos del capital físico de la economía en forma proporcional a los aportes de los trabajadores a sus cuentas individuales. Hay mucho por ajustar en la parte de las pensiones del sector público y en la que corresponde a la administración  privada  a manos de las Afores.

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