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Por la Espiral - June 23, 2006

Cuantioso capital muerto

Por la espiral
Claudia Luna Palencia

-Cuantioso capital muerto
-Sucede en 12 países de A.L.
-Señala el BID de ociosidad

Es  interesantísimo: existe un enorme “capital muerto” al interior de los países de América Latina en sociedades tan distantes económicamente hablando, donde las personas que menos tienen son los más propensas a dejar sus parcelas, los activos de trabajo acumulados y la propia casa habitación sin titularidad.
Hacía buen tiempo que no reflexionaba al respecto de la importancia del sistema de propiedad legal en el capitalismo, un punto que lleva certeza,  credibilidad y que se anticipa a muchos problemas entre las mismas familias, miembros de las comunidades, de hecho sirve para dirimir conflictos ante cualquier esfera de gobierno por lagunas de posesión territorial.
El asunto es más dramático todavía cuando en países como México el hito de la Revolución Mexicana, el del reparto agrario, tiene entregando las mismas parcelas y ejidos cada sexenio descansando su operatividad en burocracias anquilosadas en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Entre los objetivos de dicha dependencia  destacan los de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo “a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral”.
Del papel a la  práctica la SRA es  inoperante, un elefante blanco que debe comenzar su jubilación para dar paso a otras formas más reales de dar certeza a la gente acerca de la posesión de los bienes y contribuir a dejar atrás el capital muerto para, en la legalidad, entrar a un marco de mayor penetración bancaria (se puede pensar en hipotecas o acceso a créditos microempresariales, refaccionarios, quirografarios que requieren del aval de una hipoteca) y también darle a la familia la certeza de una herencia legal.
El capital muerto lleva intrínseco una ociosidad dañina y muchos problemas colaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que en una muestra de estudio de 12 países latinoamericanos, el capital muerto detectado es de 1.2 billones de dólares, una cantidad determinada a raíz del valor de las viviendas, propiedades rurales y empresas en el sector informal o “extralegal”.
En esta condición de capital muerto estarían aproximadamente  unas  360 millones de personas, el 70% de la población de la región, con  ingresos equiparables a poderes adquisitivos inferiores a 300 dólares mensuales.
Una de las estrategias de impulso del BID es romper con el círculo vicioso del capital muerto para llevarlo a la legalidad, a la formalidad y crear mejores condiciones a través de programas como la iniciativa “Oportunidades Para la Mayoría”.
La intención, que insisto es muy buena, promueve el trabajo del BID con el sector privado y la sociedad civil para apoyar soluciones innovadoras y prácticas a persistentes problemas como el acceso a la vivienda, infraestructura básica, servicios financieros formales, oportunidades de empleo y empresa, y tecnologías modernas.
La iniciativa también requerirá una estrecha coordinación con gobiernos de diversos niveles para crear reglas adecuadas para el funcionamiento correcto de los mercados y para eliminar barreras burocráticas que impiden a los pobres ejercer plenamente sus derechos económicos.
A COLACIÓN
 Los obstáculos al progreso fueron investigados por el Instituto Libertad y Democracia  en un análisis sobre el sector informal en: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
En cada país, el Instituto Libertad y Democracia indagó sobre las  características del sector informal o “extralegal”, el acceso a los derechos de propiedad y la formalización de empresas y la magnitud del llamado capital muerto, activos que no pueden utilizarse en transacciones económicas formales, tales como garantías de crédito, porque no están reconocidos o no cumplen con todos los requisitos legales.
De acuerdo con el instituto casi 92% de las empresas, 76% de las propiedades rurales y 65% de las viviendas en los 12 países analizados están en el sector informal. Sus estimaciones incluyen viviendas y parcelas sin título o registro válido, con irregularidades legales o con restricciones para su transferencia. Las empresas no están registradas u operan sin cumplir todos los requisitos legales o sin responsabilidad limitada.
En cuanto a las barreras para formalizar la propiedad, el estudio halló que el proceso para comprar, registrar, titular y obtener permiso de construcción para un terreno toma 101 días y cuesta 1 mil 040 dólares en El Salvador, donde funciona uno de los mercados de lotes urbanos más dinámicos de la región.
En contraste, en Guatemala el mismo proceso puede tardar 4 mil 307 días (casi 12 años), con un costo de 9 mil 312 dólares. El ingreso per cápita es 4 mil 880 dólares en El Salvador y 4  mil 229 dólares en Guatemala (medidos por paridad de poder adquisitivo).
De los países en la muestra,  Colombia tiene el proceso más rápido y menos costoso para registrar formalmente un negocio (16 días y 555 dólares). En Haití, el país más pobre de la región, se demora 117 días y cuesta 2 mil 902 dólares, según datos de ILD. El ingreso per cápita es 6 mil 904 dólares en Colombia y 1 mil 166 dólares en Haití.
Asimismo, el proceso para verificar garantías reales y obtener crédito, en Bolivia (ingreso per cápita 2 mil 553 dólares)  tarda 251 días y cuesta 981 dólares. En Ecuador (ingreso per cápita 3 mil 758 dólares) puede demorar 1 mil 454 días (casi 4 años) y costar 2 mil 195 dólares.
Debido a estas barreras, la mayoría de la población de América Latina y el Caribe se ve obligada a vivir en el sector informal. Como no pueden proteger legalmente sus activos o usarlos para obtener crédito, las personas de bajos ingresos invierten menos en sus propiedades y negocios y no acumulan patrimonio.
La recomendación del Instituto Libertad y Democracia para sortear estos obstáculos es tomar una serie de “atajos legales” que permitan incorporar los activos “extralegales” a registros confiables, organizar las empresas eficientemente para aumentar la productividad y ampliar mercados mediante la identificación de personas, empresas y documentos que faciliten las transacciones.
De esta manera, las personas y empresas que hoy operan en la informalidad podrán celebrar contratos, reclamar amparo legal, obtener crédito formal y  ampliar la escala de sus operaciones.
Agradezco sus comentarios a:claulunpalencia@yahoo.com

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