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Algunos dirigentes de los siete
partidos políticos nacionales
Foto:Internet
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México; 13 de Junio de 2006.- El Acuerdo Democrático por la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad suscrito hoy por los dirigentes de siete partidos políticos nacionales nació en medio de la descalificación y la crítica entre los propios protagonistas.
Frente al árbitro electoral los dirigentes de los partidos políticos no dejaron pasar la oportunidad para expresar su deseo de que el acuerdo no se convierta en simple trámite o mero formulismo.
Sobre todo se pronunciaron porque contenga a los jefes de los Ejecutivos para no entrometerse en el proceso electoral en marcha ni para favorecer a un candidato.
Con excepción de Nueva Alianza los dirigentes de siete partidos políticos con registro suscribieron el convenio, del cual el Instituto Federal Electoral (IFE) fungió como testigo de honor y expresaron un mensaje sobre el contenido del texto.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino Barrientos, fue el primero en hacer uso de la palabra para señalar que su partido rechaza la mentira, la calumnia y la coacción del voto por tratarse de prácticas que debilitan la democracia y vulneran la legalidad.
Respaldó al IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como autoridades electorales y ofreció que respetarán las reglas de la competencia y la voluntad popular por lo que, aseguró: "aceptaremos y defenderemos el resultado así sea un voto el que haga ganador a un candidato".
Por su parte, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariano Palacios Alcocer, destacó que ese acuerdo representa un primer paso donde todos los partidos reiteran su respeto a las reglas de competencia.
Confió en que la gobernabilidad sea garantía de que una vez calificada la elección se tenga claridad en la integración del Congreso y sostuvo que ese acuerdo contribuye a ese propósito, por lo que no puede ser visto como sólo un acto formal protocolario.
El dirigente perredista Leonel Cota Montaño fue el primero en incrementar el calor del discurso al subrayar que con la firma del acuerdo se busca dar certidumbre al proceso electoral porque el pueblo quiere tener la seguridad de que su voto se contará bien.
Cota Montaño dijo que no puede haber maniobras como las que se acostumbraban en el pasado ni caídas del sistema ni tentaciones de fraude que pongan en riesgo el proceso electoral y remató que el acuerdo, aún sin firmarse, ya se había incumplido.
Por su parte, el presidente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, indicó que el acuerdo manda una señal precisa en el sentido de que el sistema democrático se está reforzando y que deben cesar los programas para implementar campañas de Estado a favor de un candidato o partido. "El presidente no es candidato ni dirigente de partido ni autoridad electoral.
Por ello debe hacerse a un lado para que sean los ciudadanos, sin presiones, los que elijan a sus gobernantes, puntualizó.
En su oportunidad, Jorge Emilio González, dirigente del PVEM, pidió no perder de vista que un partido, Nueva Alianza, el cual tiene menos de uno por ciento de la intención del voto, decidió no firmar el acuerdo con el pretexto de que se vulneraría a la autoridad electoral.
"Cuando en realidad esto obedeció, quizá, a que sus jefes reales, los del PAN esconden algo por la posible participación del cuñado de Calderón en contratos millonarios", planteó.
Luis Maldonado Venegas, dirigente de Convergencia, saludó la disposición de todas la fuerzas politicas para abonar y apuntalar una nueva gobernabilidad democrática como la sociedad lo requiere y como México lo merece.
Mientras, Alberto Begné, de Alternativa, mencionó que en el marco de la contienda electoral ese acuerdo significa asumir las reglas electorales aunque también significa una exigencia de equidad y neutralidad empezando por el presidente de la República, presidentes municipales, gobernadores y jefes de gobierno.
La víspera el candidato presidencial de Nueva Alianza, Roberto Campa, anunció que ese instituto político no firmaría el acuerdo de civilidad si no se eliminaba la cláusula que obliga al IFE a realizar una auditoría al padrón de electores.
Campa Cifrián argumentó que tal condicionamiento es imposible de realizar a 20 días de la elección e, incluso, va contra la ley e implica un riesgo para los comicios porque pone en duda la actuación de la autoridad electoral.
Luego de suscribir el convenio Begné, quien fungió como vocero de los dirigentes partidistas, entregó copia del acuerdo que firmaron al consejero presidente de IFE, Luis Carlos Ugalde, quien junto con los líderes posó para la fotografía que dejó constancia de un intento por garantizar el respeto a las reglas en los comicios de julio. (Notimex)
