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La investigadora universitaria
Ma Carmen Carmona e
Hilda Téllez Lino de la CDH del DF
Foto: Cortesía DGCS/UNAM
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Por Gregorio Martínez Moctezuma
Corresponsal Azteca 21
Ciudad de México. 9 de junio de 2006. “El agua es una prioridad y un asunto de seguridad nacional para nuestro país. Empero, no se cuenta con un sistema de incentivos ni se genera conciencia en la población sobre el costo e impacto por su mal uso”, afirmó María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM durante su participación en la mesa redonda “Derecho humano al agua”, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la máxima Casa de Estudios del país.
La investigadora universitaria señaló, en el auditorio “Manuel Sánchez Rosado” de la ENTS, que otro de los principales problemas en México es el costo del agua, pues se paga 1.73 pesos por metro cúbico, siendo que por lo menos se debería erogar un dólar. Además, dijo que en el país casi todos los lagos están contaminados, y en algunos ríos su tasa de extracción es insostenible. Incluso, de 653 acuíferos útiles, 102 están sobreexplotados.
“El agua es un bien nacional, vulnerable, finito y con valor social, económico y ambiental, y su preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es, de acuerdo con la ley, tarea de Estado. Pero esta responsabilidad la comparte con la colectividad, por lo que se convierte en un asunto sustantivo”, aseguró.
Indicó que en todo el territorio nacional se registra un bajo índice de tratamiento, porque no se cuenta con la infraestructura adecuada, y no hay cultura del reúso. La jurista advirtió que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México el uso de los recursos hídricos no es sustentable y cada vez se agotan más.
A su vez, Hilda Téllez Lino, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que el derecho humano al agua es el de disponer de ella de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Añadió que si bien se requiere un mayor marco jurídico en la materia, el actual resulta suficiente para que los estados asuman sus deberes. Por ello, el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar esta salvaguarda.
Por su parte, Enrique Leff Zimmerman, ambientalista y ex coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo que es lamentable que un problema tan importante como el del agua llegue de forma tardía al diálogo, pues no es un rubro cualquiera y representa la supervivencia del planeta y de cada uno de los seres vivos. “Se toca un derecho común de la humanidad, pero ni el sistema económico ni el jurídico, pilares de la modernidad y la racionalidad de nuestra cultura, están preparados para atender esta cuestión”, puntualizó.
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