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Negocios - November 17, 2005

Decide la SCJN que Pascual Boing devuelva los predios expropiados por el GDF a su legítima dueña

La cooperativa sufrió
 un revés definitivo
 Foto: Internet

Ciudad de México.- 17 de Noviembre del 2005.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por mayoría devolver a Victoria Valdez Cacho los predios que ocupa la refresquera Pascual Boing.

Los ministros, entre ellos el presidente del máximo tribunal de justicia de la nación, Mariano Azuela Güitrón, subrayaron que esa decisión no es contra la cooperativa ni contra los trabajadores, sino una resolución sobre la constitucionalidad de los actos.

Con diez votos a favor, los ministros expresaron su apoyo al proyecto que presentó su similar Guillermo Ortiz Mayagoitia, en el que se establece que los predios deben ser devueltos a Valdez Cacho, original dueña del terreño en el que se asienta la compañía.

Al resolver el amparo en revisión 455/2004 la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual tendrá que devolver los predios que ocupa la empresa en esta ciudad y se revierte el decreto de expropiación emitido en 2003 por el Gobierno del Distrito Federal sobre los mismos terrenos.

Lo anterior porque la medida fue inconstitucional y contra el Artículo 27 de la Carta Magna.

La única ministra que se pronunció durante su intervención, en contra del proyecto y de negar el amparo a Valdez Cacho, viuda del dueño original de la empresa fabricante de bebidas, fue Olga Sánchez Cordero, quien consideró que se afectaría de diversas formas a la Sociedad Cooperativa.

De acuerdo con los trabajadores de Pascual Boing esa decisión afectará a dos mil familias y 50 mil empleos indirectos. de proveedores y otros servicios; sin embargo los ministros negaron que la subsistencia de esa empresa esté en peligro.

José Ramón Cossío Díaz y Juan Silva Meza manifestaron que “Pascual” es una empresa “exitosa” que experimenta un auge productivo que le permite hasta realizar exportaciones, y que por lo tanto el acatamiento de este fallo no afectará la producción, pues cuenta con instalaciones en otros estados de la República.

Los integrantes del pleno insistieron en que la decisión de otorgar la protección de la justicia federal, se basa de manera estricta en resoluciones anteriores de jueces en la materia, que tienen que ver con el respeto a la propiedad privada y su protección, además de que no se cumple con el principio de bien social.

En este sentido, el ministro presidente, Azuela Güitrón coincidió con los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández, de que no hay beneficio público de la empresa, pues no produce productos necesarios para la sociedad, pues “se puede prescindir de los jugos y refrescos”.

Mariano Azuela sostuvo que la propiedad privada puede ceder frente a lo que la Constitución establece como una producción de lo que se llama utilidad pública, y las causas de utilidad pública las remite a las legislaturas.

Explicó que la utilidad pública es aquello que es necesario, “lo que permite subsistir”, y por el contrario existen bienes superfluos, útiles y necesarios”.

Ejemplificó que “todos tenemos necesidad de alimentarnos, pero no necesariamente a base de caviar, esos son bienes superfluos, y los jugos y refrescos mas bien estarían, para mí, entre lo útil y lo superfluo, que entre lo útil y necesario”.

Indicó que una persona que tome su agua, con eso es suficiente, y que los seres humanos pueden prescindir de refrescos.

Por lo tanto dijo que el bien privado debe sobreponerse sobre la expropiación, y dar suficiente atención a la utilidad pública y el beneficio colectivo, pues de lo contrario, tendría que favorecerse a empresas que produzcan bienes que no son necesarios, indicó Azuela.

Los ministros avalaron que alejándose de la lucha social que llevaron a cabo en un momento dado los trabajadores de “Pascual”, debe respetarse la constitucionalidad de los actos, y por lo tanto, la expropiación no benefició al bien común y se apegó a los principios de utilidad pública, sino que representó un beneficio sólo para los cooperativistas.

El presidente de la SCJN, recalcó que si se justificara la expropiación con la garantía de generación de fuentes de empleo, se iría en detrimento del precepto de la propiedad privada enmarcado en la Constitución, y nadie puede pedir que se expropie un terreno sólo por generar fuentes de empleo.

El recurso de amparo, de Valdéz Cacho, se interpuesto Contra el Congreso de la Unión y otras autoridades por la expropiación de los terrenos. (Notimex)

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