Conforme la banca mexicana enfrentó un proceso de metamorfosis fue menguando la calidad del personal, hubo un deterioro en las condiciones laborales, se minaron las prestaciones y lo que antes fue un trabajo seguro pasó a un escenario de incertidumbre, austeridad, crecientes quejas por el mal servicio y fraudes en ascenso.
Los cambios fueron evidentes por la nacionalización en el ocaso del sexenio del presidente José López Portillo; del régimen mixto del gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado; de la privatización en los seis años de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari; y del rescate bancario, más la extranjerización del sistema de pagos, en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León y de Vicente Fox.
La alteración sustancial de propiedad de la banca trajo consigo a otro tipo de empleados, con otras cualidades, menores capacitaciones y desde luego, menores sueldos con prestaciones reducidas.
Es notable el aumento en el número de quejas contra los servicios bancarios. Algo acontece al interior de las sucursales de las instituciones de crédito que no hay la vigilancia estricta, ni de control de calidad del personal.
Hace quince años era requisito contar con título de alguna carrera comercial o bien con afinidad a finanzas o contabilidad para trabajar en una sucursal bancaria. En la actualidad, las puertas están abiertas a personas con carreras truncas o pasantes para ocupar las diversas áreas de las sucursales; para promover la captación de nuevos clientes en las áreas de crédito, propiamente tarjetas de crédito; y engrosar las filas de clientes de sus respectivas Afores.
Quiero establecer una correlación entre estos precedentes y que una buena cantidad de fraudes contra los clientes de los bancos se suscitan al interior de las instituciones de crédito, que deberían ser de naturaleza confiable e intachable por obligación moral, por el rol esencial que juegan en la sociedad y en la economía.
Cada vez son mayores los casos de fraudes, descarados e increíbles, y el problema mayúsculo son las lagunas jurídicas para investigar a profundidad a un empleado bancario cuando los clientes piden hacerlo con la certeza de que han sido objeto de un robo o un fraude interno. Hay una laguna que los legisladores deberían subsanar para permitir que los Ministerios Públicos tengan una mayor capacidad de acción en el menor tiempo posible.
La ley actúa con demasiada negligencia para el caso de una acción jurídica relacionada con los bancos. La apuesta es que el cliente terminará harto por la pérdida de tiempo que le implica una queja o una investigación y que por cansancio dejará de reclamar.
Lo hemos visto en cientos de casos con personas finadas que dejan cuentas bancarias y que los parientes reclaman. Si tienen el contrato que acredita la cuenta, el tiempo de investigación y reclamación de los recursos, es de entre seis a ocho meses, pero ante la falta del contrato o la ausencia en el mismo documento del nombre de los beneficiarios, la demora es superior a los diez meses.
Luego hay otros casos preocupantes como la sustracción de dinero o joyas de las cajas de seguridad de los bancos que los clientes contratan con la finalidad de “resguardar” sus bienes más preciados de la delincuencia. En esta columna hemos denunciado diversas anomalías.
Otra forma de obrar contra los clientes es por medio de alterar los cheques. Quizá recuerde que en POR LA ESPIRAL, escribimos del caso del cheque de dos mil pesos que fue alterado con flagrante falta de ortografía por DOSE mil pesos. Afortunadamente después de, meses y meses, se logró la aclaración respectiva y la investigación a los empleados con el consecuente deslinde de responsabilidades, a favor de la restitución del dinero del cliente.
GALIMATÍAS
Nos escribe Omar Alberto Velásquez Medina, para denunciar una situación anómala que está afectando el patrimonio y el bienestar de su familia.
Omar tiene una cuenta de cheques con BBVA Bancomer, y él comenta que fue víctima de un fraude porque le sustrajeron varios cheques de su chequera personal que le fue entregada el 4 de mayo de 2005 en la sucursal 0219 San Nicolás Universidad Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, representada por el gerente Hugo Hernández Vázquez.
Los cheques fueron cobrados el día 13 y 14 de mayo mediante la falsificación de la firma de Omar por un monto que sumó 258 mil pesos. De acuerdo con la versión del afectado, él recibió dos chequeras, pero a una le hacían falta doce cheques, que fueron sustraídos del block que no estaba en uso, porque Omar estaba siguiendo, como todos lo hacemos, el consecutivo de serie de menos a más; por esa razón no le tocaba el turno a la chequera número dos.
Omar asegura que los doce cheques fueron sustraídos en el interior de la sucursal porque esas chequeras sólo pasaron desde adentro hacia las manos de él. Como uno piensa, supone que los bancos son lugares seguros, entonces omitimos acciones tales como revisar que efectivamente aparezcan todos los cheques seriados y consecutivos y que no falte ninguno.
Lo mismo sucede con otro tipo de operaciones mecánicas en que muchísima gente cuando cobra un cheque no cuenta en el instante el dinero que están recibiendo del empleado de la caja. Aunque usted demore quince minutos más no se vaya del lugar ni se retire de la vista del cajero sin contar su dinero, no sabe la cantidad de problemas que hay por dinero mal contado o por que de las mismas sucursales están dando billetes falsos. Son otros tantos delitos que hemos denunciado aquí mismo.
El hecho es que Omar logró que BBVA Bancomer analizara su reclamo hasta el 16 de agosto pasado, con la acusación de robo de cheques y firmas apócrifas.
Por fin lo escucharon pero hasta la fecha no le dan ninguna respuesta para el reembolso de su dinero. Y como la justicia es tan lenta, el Ministerio Público indica que, todavía en pleno mes de noviembre, los peritos no pueden conseguir la autorización del banco para ver los registros internos ni los cheques firmados y cobrados, ni tener la relación de en qué lugares fueron cobrados.
La angustiante situación de Omar podría ser el daño de cualquiera de nosotros. ¿Y quién nos protege? Nadie. La Condusef tiene una limitadísima capacidad de acción en materia de atribuciones jurídicas y quien lo debe de tener, que son los Ministerios Públicos, éstos reaccionan con tal lentitud que parecería que hay contubernio.
¿Qué clase de personas ven por nuestros recursos en los bancos?
Agradezco sus comentarios a:claulunpalencia@yahoo.com