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Quieren, pero legalmente
se dicen impedidos para intervenir
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Ciudad de México.- 7 de marzo del 2005.- El reclutamiento de "cazamigrantes" en Arizona es una cuestión extralegal que las propias autoridades de Estados Unidos deberán contener o controlar, aseguró hoy el director general de Protección y Asuntos Consulares, Miguel Gutiérrez Tinoco.
En rueda de prensa, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) admitió que no existen recursos legales previstos para prohibir la reunión de estos grupos que se dedican a detener a migrantes ilegales, pues sus actividades las hacen en terrenos particulares.
"Desde el punto de vista de la estrategia legal que ha tenido el gobierno de México en este caso, solamente podemos esperar a que aparezca este fenómeno y adicionalmente tendremos que establecer los canales legales pertinentes para reaccionar en cada caso que haya cualquier tipo de violación", aclaró.
Gutiérrez Tinoco dijo que el gobierno mexicano está preocupado por el potencial de riesgo que puede implicar el anuncio del proyecto "minute man" que lanzó un grupo de estadunidenses a través de Internet para reclutar a "cazamigrantes" del 1 al 30 de abril en la frontera de Arizona.
Recordó que en febrero pasado el gobierno de México envió una nota diplomática a su similar de Estados Unidos para externar su preocupación por esas acciones y, según comentó, la preocupación es compartida por las autoridades de aquel país por el potencial de riesgo que implica la caza de indocumentados.
Resaltó que se ha detectado un buen número de casos de mexicanos que han tenido algún tipo de perjuicio o daño en el momento en que son detenidos por estos grupos antimigrantes.
También expuso que el gobierno de México ha logrado demandar a una buena parte de esas personas que han recibido condena pecuniaria; en particular, hubo tres casos en los que se logró encarcelar a los llamados vigilantes de la frontera.
Precisó que alrededor de 60 mexicanos han sido heridos en los últimos años por las detenciones que hacen los "cazamigrantes" y tres más que murieron por las acciones de esos grupos.
El funcionario de la cancillería aseguró que el gobierno federal considera que todas las detenciones que hacen estos grupos son una falta a los derechos humanos, por lo que en los casos en los que existen condiciones se inicia una demanda.
No obstante, en muchas ocasiones los agraviados no se presentan para iniciar una querella o es muy difícil localizarlos, por lo que los procesos no prosperan, finalizó el funcionario.
Notimex
