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Que el presidente Fox, no interviene
en el proceso de desafuero
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Ciudad de México.- 28 de febrero del 2005.- (Notimex).- La Presidencia de la República ratificó que no ha sido ni será obstáculo para que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pueda cumplir sus aspiraciones para 2006.
"Es preciso que quede claro: el desafuero no inhabilita al jefe de Gobierno para convertirse en candidato presidencial", enfatizó el vocero de la Presidencia y titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Rubén Aguilar Valenzuela.
Al dar lectura a un comunicado, en el salón Venustiano Carranza de Los Pinos, el portavoz reiteró que a todas luces es inexacto y falto a la verdad responsabilizar al presidente Vicente Fox Quesada de la situación actual del mandatario local.
Aclaró que el Ejecutivo federal no atenta contra los derechos políticos de ningún ciudadano, sino que es el primer obligado a respetar la ley, la cual no le otorga facultad alguna para intervenir en el proceso de desafuero que se sigue a López Obrador.
Insistió en que la Cámara de Diputados es quien decide si procede el desafuero o no, pues "no es una decisión que corresponda al ámbito de la Presidencia de la República".
Aguilar Valenzuela reiteró que ese órgano legislativo es quien estudia y analiza los elementos enviados por el Ministerio Público, y decide si procede o no el desafuero, además de que éste no significa que el funcionario sea inocente o culpable, sino "simplemente que debe responder a la ley como cualquier ciudadano".
El desafuero, explicó, tampoco suprime los derechos políticos a quien está sujeto a juicio, lo único que hace es igualar al servidor público que goza de fuero al nivel ciudadano.
La Presidencia de la República quiere reiterar que el desafuero "no es ni puede ser un juicio sobre la culpabilidad o no del jefe de Gobierno".
Asimismo, recordó que el presidente de la República no decide a quién debe investigar el Ministerio Público, el cual actúa en el marco de sus facultades y obligaciones legales.
Señaló que violar la orden de un juez es un delito penado por la ley, y el Tribunal Federal determinó que en el caso de El Encino se violó una suspensión decretada por el magistrado, informando de ello al Ministerio Público.
